El Consejo Provincial de Asuntos Indígenas (CIBA), que depende de la Secretaría de Derechos Humanos, se convirtió en el primer organismo gubernamental en respaldar el reclamo del Movimiento en Defensa de la Pacha, que lucha por proteger el predio conocido como Punta Querandí contra el avance de la desarrolladora inmobiliaria EIDICO, que quiere anexarlo a su complejo aledaño de barrios privados.
Ante un consulta realizada por el Municipio sobre el valor de la media hectárea en conflicto ubicada en la localidad de Dique Luján -delimitada por la calle Brasil y los canales Villanueva y Garín-, el CIBA respondió que «tiene interés cultural y arqueológico».
Este informe entra en contradicción y desacredita otro realizado por el equipo de arqueólogos coordinado por Daniel Loponte y Alejandro Acosta, que fue contratado por EIDICO, que había concluido que el sitio arqueológico estaba «agotado» y recomendado que se liberase el terreno a la empresa constructora.
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