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Vecinos de Villa La Ñata y Dique Luján exigen a las autoridades municipales y provinciales que garanticen el cumplimiento de la medida cautelar ratificada en diciembre pasado por la magistrada Sandra Arroyo Salgado, del Juzgado Federal en lo Penal de San Isidro 1, que establece la paralización de las obras en los countries de la región hasta tanto culmine un estudio sobre el impacto de estos trabajos en las últimas inundaciones registradas en la Cuenca del Río Luján.

En este contexto, medio centenar de habitantes de la localidad llevaron adelante el domingo pasado la cuarta protesta de las últimas semanas en la ruta de acceso, a la altura de la curva del ACA, para reclamar puntualmente el freno de los trabajos del proyecto inmobiliario denominado Santa Ana, que desarrolla la cuestionada empresa EIDICO.

Según relataron los manifestantes, los automovilistas y los transeúntes que pasaron por el lugar apoyaron la movilización “en defensa de los humedales continentales” y “en repudio a los emprendimientos de barrios privados”, que se reiterará el domingo 31, nuevamente de 11 a 13.

Además del pedido de cumplimiento de la cautelar de Arroyo Salgado, los vecinos están impulsando un proyecto de ordenanza que prohíba las iniciativas que incluyan el relleno de los bañados en Dique Luján y Villa La Ñata. Con este fin, la semana pasada mantuvieron una reunión con concejales de Unidad Ciudadana.

Las obras del emprendimiento Santa Ana fueron las que despertaron semanas atrás el alerta entre los residentes de la localidad ubicada al norte del distrito. Es que en el predio conocido como La Bellaca, se tapó el Canal Benavídez, la zanja de desagüe y la banquina. Además, los trabajos en marcha pusieron en peligro, una vez más, la conservación de los tres sitios arqueológicos de los pueblos originarios situados en el lugar.

En este marco, motivados por el creciente apoyo a las manifestaciones, los vecinos salieron a juntar firmas para respaldar las notas que presentarán ante el Municipio y la Provincia para exigirles a las autoridades que ejerzan el poder de policía y hagan cumplir la disposición judicial vigente que estableció la paralización de las obras en los countries.