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Integrantes de la Asamblea de Vecinos Inundados de Tigre y el Movimiento en Defensa de la Pacha (MDP) reclamaron en la entrada al centro comercial de Nordelta que se prohíba la construcción de nuevos countries por «el daño ambiental, social y cultural» que causan estos emprendimientos inmobiliarios.

Las organizaciones que convocaron a la protesta presentaron en noviembre de 2014 un proyecto de ordenanza para que se impida el desarrollo de nuevos barrios privados, con el respaldo de académicos y expertos en temas ambientales y urbanísticos.

«El Municipio cajoneó nuestro proyecto, no tuvo interés en debatirlo y cuando anunciamos un plan de lucha el pasado 15 de mayo respondió aprobando una excepción al código de zonificación, que no permitía edificios de más de 20 metros de altura, para que se pueda construir ‘Remeros Beach’, un emprendimiento de 16 hectáreas, tres torres y una laguna privada muy cerca de Nordelta», explicó Valentín Palma Callamullo, del MDP.

El avance de los barrios cerrados -hay más de 60- implicó «mayores inundaciones, pérdida de calles y lugares públicos» en una zona de humedales y «el hacinamiento de los sectores populares a los cuales solo les queda un porcentaje mínimo de tierras para habitar», dado que «casi el 46 por ciento del territorio continental de Tigre está en manos de barrios privados donde vive menos del 5 por ciento de la población del Municipio», difundieron los manifestantes.

«Desde hace dos años y medio, cada vez que llueve rogamos que no sea demasiado porque el agua entra a las casas, todo se inunda y nadie se responsabiliza por eso, como pasó en noviembre pasado», aseguró Matías Duarte, de la asamblea de inundados. Además, el afectado aseguró que la responsabilidad es del Municipio, que hace oídos sordos a la problemática para privilegiar «un negociado inmobiliario».

El caso más paradigmático, apuntó Duarte, es el del barrio Las Tunas, «que quedó rodeado de barrios privados y cada vez que llueve se llena de agua», sufriendo las consecuencias sus 42 mil habitantes. Otro tanto ocurre en barrios y localidades como Parque San Lorenzo, Rincón de Milberg y Troncos del Talar.

«Las inundaciones se agravaron porque, al rellenar los humedales, los barrios privados están eliminando este recurso que actúa como filtros naturales de agua dulce y como esponja que absorbe el exceso de agua por lluvia o marea», dijo Callamullo. Al no existir este regulador natural, «el agua ahora se desparrama a los barrios aledaños» a partir de «desagotes ilegales» que construyen en los countries, detalló.

Además, el dirigente indígena se quejó de que, a pesar de que los propietarios de lotes dentro de estos barrios «son gente de altos recursos que ni siquiera son vecinos de Tigre», la Comuna «invierte todos los recursos para ellos, mientras que en Villa La Ñata no repara terraplenes ni hace obras para prevenir las inundaciones y aumenta los impuestos inmobiliarios».

El miembro del MDP señaló que la construcción de Nordelta implicó, por otro lado, la destrucción de un cementerio ancestral conocido como «sitio arqueológico Arroyo Sarandí», de 1.300 años de antigüedad.

Además, «están desapareciendo restos humanos que descansan acá desde hace hace mil años, como es el caso de los 43 cuerpos rescatados del Arroyo Sarandí que no sabemos dónde están», dijo Callamullo, quien pidió: «Que no destruyan ningún otro yacimiento, que trabajen con las agrupaciones indígenas para ver cómo reparar el daño y cuando hallen uno que consulten cómo preservarlo».