Miembros de organizaciones sociales del Delta, integrantes de organizaciones ambientalistas y científicos de las universidades públicas de Buenos Aires, La Plata y Luján se presentaron en el Juzgado Federal de San Isidro para solicitar la remediación de los daños socioambientales causados por las obras de los barrios privados Colony Park y Parque de la Isla.

La propuesta presentada por los afectados y los especialistas tiene como objetivos principales el cierre definitivo de estos emprendimientos inmobiliarios, la reconstrucción del funcionamiento del humedal en la zona y el acceso al derecho a la tierra de la población isleña.

Según explicaron, la magnitud del impacto causado por estos megaemprendimientos en el Delta tigrense no tiene precedente, ya que afecta al 1% de la superficie de la Primera Sección. “En 2009, cerca de 20 familias isleñas fueron desplazadas violentamente mientras las máquinas retroescavadoras destruían la isla sin ninguna autorización legal”, recordaron en un comunicado.

“Pese a que las obras fueron detenidas en 2010, el amedrentamiento sobre la comunidad isleña continuó. En agosto de 2016, el galpón de la cooperativa de junqueros, que resistió con su trabajo, fue incendiado. Luego de perder sus herramientas y su producción, hicieron la denuncia ante la Justicia pero no hubo respuesta. En agosto de este año, en el marco de la causa caratulada por daños y estragos ambientales, la jueza Sandra Arroyo de Salgado sobreseyó a los funcionarios públicos que permitieron el avance de las obras”, detallaron.

El documento dirigido a Arroyo Salgado resalta la necesidad y la factibilidad del restablecimiento del ambiente a un estado aceptable, en función de la salud humana y la integridad del ecosistema.

“La situación actual deja en evidencia la ausencia de una legislación que ordene el territorio de humedales para reducir el impacto de inundaciones y la conflictividad social”, sostuvieron y detallaron: “Desde 2010, en la cuenca del Luján aumentó más de un 30% la construcción de barrios privados en zonas inundables”.

“Mientras la media sanción del proyecto nacional de Ley de Humedales está cajoneada en la Cámara de Diputados, la industria inmobiliaria avanza sin ningún control o con connivencia de funcionarios públicos”, denunciaron.