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Bajo el lema «¡Basta de inundarnos con barrios privados!», organizaciones vecinales, ambientales y de pueblos originarios de la Cuenca del Río Luján convocan a una protesta que se llevará a cabo este viernes 18, desde las 16, frente a la sede de la desarrolladora inmobiliaria Eidico, ubicada sobre la Ruta 27, en la localidad de Benavídez.

El objetivo de la manifestación es «repudiar los daños sociales, culturales y ambientales de los countries» construidos por la empresa dirigida por Jorge O’Reilly en la región. «También pedir a las autoridades políticas y judiciales un freno urgente a los emprendimientos inmobiliarios de estas características», agregan los organizadores de la movilización.

«Solo en Tigre, Escobar y Pilar (Cuenca Baja del Río Luján) se han destruido unas 10 mil hectáreas de humedales, según la evaluación que hacen especialistas como los del Centro de Investigaciones Geográficas de la Universidad Nacional de La Plata», explican.

«Los humedales son una esponja natural que absorben las crecidas del agua por lluvia o sudestada, por lo que la desaparición intensiva de este patrimonio natural en las últimas dos décadas está directamente relacionada con el agravamiento de las inundaciones», detallan.

Además, los convocantes hacen hincapié en que la construcción de estas urbanizaciones especiales provocó «la privatización de tierras, calles, caminos y costas públicas, encerrando a los vecinos preexistentes y destruyendo sitios arqueológicos con enterratorios de los pueblos originarios».

Sobre esta última afirmación se sustenta el conflicto generado en torno a la posesión del sitio conocido como Punta Querandí, en Dique Luján, que es protegido desde hace años por el Movimiento en Defensa de la Pacha.

«Mientras cada vez más sectores piden detener este modelo de injusticia ambiental y territorial -que se apodera y transforma bienes del dominio público natural-, empresas como EIDICO continúan avanzando con la complicidad de autoridades municipales, provinciales y nacionales», denuncian.

Cabe recodar que semanas atrás el fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, solicitó a la jueza Sandra Arroyo Salgado que ordene la paralización de las obras en los humedales del Río Luján y el Delta del Paraná. El funcionario judicial argumentó que la construcción de barrios privados produjo «graves estragos y, consecuentemente, incalculables daños a la propiedad pública y privada, afectando a todas aquellas personas que sufrieron el anegamiento de sus casas y terrenos, provocando también la pérdida de vidas humanas y un impacto que se hace cada vez más intenso».