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Los integrantes del Movimiento en Defensa de la Pacha no tienen dudas de que la agresión sufrida en el campamento de Punta Querandí fue un mensaje mafioso para abandonen su lucha y desalojen el predio. Y apuntan directamente a la desarrolladora inmobiliaria EIDICO, con la que se disputan el destino de esa hectárea en Dique Luján, que unos pretenden preservar como sitio sagrado y reserva arqueológica de los pueblos originarios, y otros exigen para extender sus countries linderos.
Durante la tarde de ayer, mientras los acampantes habían abandonado el lugar para organizar una jornada educativa con docentes de Tigre y Escobar, un grupo de desconocidos produjo varios destrozos en el asentamiento que recientemente cumplió un año.
“Los vecinos nos dijeron que vieron una camioneta en el predio. Rompieron el tanque de agua, que era una donación que nos había costado mucho conseguir. Pero vamos a recuperar el resto de las instalaciones (como un pequeño salón levantantado con maderas). Esta agresión lo único que logró es reforzar nuestra lucha”, sentenció Pablo, uno de los acampantes permanentes.
“Nosotros señalamos como responsable a la gente de EIDICO. El mensaje que nos quisieron dar fue claro: robaron la whipala (bandera de los pueblos originarios) y el cartel del Movimiento en Defensa de la Pacha. Además, cortaron el pasto en el lugar que reclaman como propio”, agregó el joven.
La organización que desde el 19 de febrero de 2010 ocupa Punta Querandí -predio de una hectárea sobre el Canal Villanueva, en Dique Luján- no solo reclama la preservación del sitio sagrado para conservar los restos arqueológicos de las comunidades originarias; sino que también denuncia que existieron irregularidades en la venta de esas ex tierras ferroviarias y de las que ya ocupan los barrios privados San Benito y San Marcos. La transferencia señalada se produjo entre el Estado nacional y sociedades anónimas ligadas a la constructora.

Un conflicto que llegó al HCD

El conflicto entre el Movimiento en Defensa de la Pacha y la constructora EIDICO por el destino final de Punta Querandí llegó el año pasado al Concejo Deliberante, donde se conformó una comisión especial para mediar entre las partes, con el objetivo de encontrar una solución.
Pese a que en un principio se había fijado un plazo de 40 días para expedirse, y durante ese plazo se llevaron a cabo distintas reuniones con representantes de ambas partes, la comisión no dio a conocer ninguna conclusión una vez que se cumplió ese período.
Tras la agresión al campamento, el presidente del HCD, Julio Zamora, se comunicó con los defensores de los derechos de los pueblos originarios y se comprometió a trasladar la preocupante noticia al intendente Sergio Massa.