El gobierno nacional convocó hoy, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), a los gobernadores y los intendentes de todos los municipios del país a realizar tareas de fiscalización y control de los precios máximos establecidos por la Secretaría de Comercio Interior, en el marco del aislamiento social dispuesto para enfrentar la pandemia de coronavirus.

Así lo estableció el Poder Ejecutivo a través del DNU 351 publicado en el Boletín Oficial, con la firma del presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; y su par de Interior, Eduardo de Pedro.

En el articulo 2 de la norma, se convoca a los jefes comunales a inspeccionar «el cumplimiento de las disposiciones establecidas» por la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo que establecen «márgenes de utilidad, precios de referencia, niveles máximos y mínimos de precios» y también «severas sanciones ante la constatación de incumplimientos».

El 19 de marzo último, el organismo dispuso, «por el término de 30 días corridos desde su entrada en vigencia, la fijación de precios máximos de venta al consumidor de bienes de consumo general».

El DNU difundido hoy especifica que «las autoridades municipales se ajustarán» a los procedimientos y las acciones previstas en la ley correspondiente para llevar a cabo los controles y que el juzgamiento de las infracciones quedará a cargo de la Secretaría de Comercio Interior.

A través del decreto, también se convoca a los gobernadores y al jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a realizar las mismas tarea de fiscalización y se les pide que coordinen «las acciones con los intendentes», en base a «las normativas provinciales y municipales».

«La Secretaría de Comercio Interior brindará a las autoridades municipales la asistencia técnica y la cooperación que le sean requeridas en el marco de lo dispuesto en el presente decreto», agrega la norma.

En los considerandos del DNU, se recuerda que el artículo 42 de la Constitución establece que los consumidores «tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno, debiendo las autoridades proveer a su protección, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados y al control de los monopolios naturales y legales».

«Es deber del gobierno nacional garantizar los derechos de la población y su goce efectivo y, muy especialmente en el contexto de la epidemia de covid-19, por lo que resulta de interés prioritario asegurar el acceso sin restricciones a los bienes básicos, especialmente a aquellos tendientes a la protección de la salud, alimentación e higiene», explica el decreto.