La canciller Susana Malcorra ratificó la posición oficial del gobierno nacional respecto de la detención de Milagro Sala y lo excusó de intervenir al argumentar que por la “división de poderes” no puede “actuar de forma directa” como vienen reclamando organismos internacionales, como la ONU, la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La jefa de la cartera de Relaciones Exteriores y Culto repitió el argumento esgrimido por todos los voceros del gobierno macrista, que circunscriben el caso de la dirigente social, detenida sin condena en su contra desde enero, a un problema que debe resolver la Justicia de Jujuy y en el que la adminstración nacional no puede intervenir.

“Hay que entender que aquí también hay una clara división de poderes. Nosotros no podemos actuar en forma directa”, consideró en una entrevista publicada este domingo por el diario La Nación.

Si bien reconoció que las autoridades nacionales tienen la obligación de custodiar “el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la Argentina en materia de derechos humanos”, la funcionaria explicó que “Argentina es un país federal y este tema está en la Justicia de Jujuy”.

Para justificar la inacción del gobierno argentino en el conflicto, Malcorra apeló a la comparación con el sistema judicial de los Estados Unidos: “Cuando nosotros vamos al Departamento de Estado a reclamar por un argentino que está en espera de la pena de muerte (por el caso Víctor Saldaño) ellos dicen que está en el Estado de Texas”.