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El presidente Mauricio Macri anunció hoy la puesta en marcha de la Reserva Natural de Defensa, creada por decreto en el predio de Campo de Mayo. Esta iniciativa fue repudiada por los organismos de derechos humanos, como Abuelas de Plaza de Mayo, ya que en el lugar funcionó uno de los principales centros clandestinos de detención durante la última dictadura.

Tras la publicación del decreto 1056 en el Boletín Oficial, el jefe de Estado encabezó la presentación de la futura área protegida, junto al ministro de Defensa, Oscar Aguad, y los secretarios de Derechos Humanos, Claudio Avruj, y de Ambiente, Sergio Bergman.

“Me propuse desde el primer día tratar de unir a los argentinos. En algunas cosas tenemos diferentes opiniones, lo que está bien, pero deberíamos dialogar más para lograr acuerdos positivos para todos”, manifestó el mandatario nacional.

“En el cuidado del medio ambiente siento que estamos todos muy unidos, entendiendo la importancia y comprometidos”, afirmó Macri, al tiempo que sostuvo que la transformación del predio de Campo de Mayo en una reserva ambiental “será para disfrutarla” con sus “árboles nativos, y conservar las mismas vegetaciones” del lugar.

La existencia de uno de los más grandes centros clandestinos de detención del país en ese predio de 8 mil hectáreas que comparten los municipios de San Miguel y Tigre durante la última dictadura no fue mencionada por el Presidente en su discurso presidencial. Esta situación generó renovadas críticas de los organismos de derechos humanos.

Abuelas de Plaza de Mayo repudió la iniciativa al considerar que “pone en riesgo la preservación de un espacio fundamental para la búsqueda de verdad, memoria y justicia sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Ejército argentino durante la última dictadura cívico – militar”.

El organismo encabezado por Estela de Carlotto remarcó que “en la guarnición militar de Campo de Mayo funcionaron, al menos, tres centros clandestinos de detención; allí permanecieron alrededor de cinco mil víctimas y se estima que más de 30 bebés nacieron en esas dependencias durante el cautiverio de sus madres”.

Por eso, la entidad consideró que “no puede descartarse que en los tres lugares” en los que se dividirá el predio a partir de la creación de la reserva natural (un espacio continuará para el uso militar y otro podría destinarse a la ampliación de una planta del Ceamse) “se hallen restos de personas desaparecidas durante la última dictadura cívico – militar”.

En este contexto, Abuelas y otros organismos realizaron ayer una presentación ante el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias y el Relator Especial sobre la Promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de No Repetición de Naciones Unidas “solicitándoles que intervengan frente a esta situación”.

Según informaron en un comunicado, las agrupaciones advirtieron en esa presentación que “existe un alto riesgo de que en el corto plazo se hagan modificaciones sustanciales en Campo de Mayo, poniendo en serio riesgo los derechos de víctimas de crímenes de lesa humanidad, en violación de las obligaciones internacionales en la materia asumidas por el Estado argentino”.

“En tal sentido, solicitamos tengan a bien adoptar medidas, con el alcance de sus respectivos mandatos, para prevenir que tales violaciones ocurran y garantizar los derechos de las víctimas”, agregaron las entidades.

La Reserva Natural de Defensa, según indicaron desde el gobierno, tendrá 1.880 hectáreas -equivalentes a unas 1.320 manzanas- y se convertirá en una de las áreas urbanas protegidas más extensas del país.