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Mediante un proyecto de decreto presentado en el Concejo Deliberante, los ediles del Frente Renovador (FR) le solicitaron al gobernador Daniel Scioli «responsabilidad en la lucha contra el delito y el inmediato cumplimiento de los compromisos asumidos con el Municipio en cuanto a efectivos policiales, unidades móviles e insumos», según expresa un comunicado emitido después de la marcha que familiares de víctimas y vecinos protagonizaron frente a la fiscalía de General Pacheco.

Al respecto, el presidente del bloque de concejales del FR, Rodrigo Molinos, manifestó: «En los últimos meses fuimos testigos de manifestaciones, en muchos casos impulsadas por el Frente para la Victoria local, exigiendo al ejecutivo municipal respuestas ante actos delictivos vividos en el distrito. Más allá de entender los reclamos, hay que resaltar que la seguridad pública es responsabilidad de la gobernación bonaerense».

«El gobernador Daniel Scioli se ha mantenido ajeno e indiferente al tema de la inseguridad, entre otras materias, demostrando una falta de compromiso y un incumplimiento manifiesto de sus deberes de funcionario público», agregó el edil.

Por su parte, el titular de la Comisión de Seguridad del HCD, Alberto Figueroa, dijo: «Desde el Municipio de Tigre se ha creado la Secretaria de Protección Ciudadana con una notable inversión en materia de seguridad, cámaras, móviles y personal especializado; entendiendo que no se puede quedar de brazos cruzados ante tamaña desidia bonaerense. Para este año, se han destinado más de 210 millones de pesos del presupuesto para la lucha contra el delito».

«Con recursos propios se abonan más de 1 millón de pesos mensuales de policía adicional reforzando con unidades propias, se construyen y mantienen edificios, se compra combustible; en definitiva, se hacen todos los esfuerzos posibles para garantizar la seguridad», finalizó el edil.

Además del pedido dirigido a Scioli, los concejales le solicitan a la Legislatura provincial que analice la posibilidad de iniciarles juicio político al gobernador y al ministro de Seguridad, Alejandro Granados, «por incumplimiento de funcionario público y mal desempeño de sus funciones».

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