Tras finalizar su misión en el país, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria ratificó hoy que “sigue vigente” su reclamo al gobierno nacional por la liberación de la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, quien está presa en Jujuy desde enero de 2016.

En conferencia de prensa, los expertos en derechos humanos Elina Steinerte y Sètondji Roland Adjovi aclararon que la visita a la Argentina respondió a una invitación del gobierno de Mauricio Macri y no tuvo como punto central la detención de la dirigente social, sobre la que se expidieron el año pasado y catalogaron de “arbitraria”.

Sin embargo, ante las reiteradas preguntas sobre el caso de Sala, Adjovi explicó que si no se produce la liberación se “va a reflejar en el informe anual ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU”.

El experto oriundo de Benín y su colega se entrevistaron con la detenida la semana pasada en el penal de Alto Comedero, donde cumple la prisión preventiva, aunque no dieron detalles del encuentro.

A la vez, sobre el informe de las condiciones de detención en el país, Adjovi evaluó que el Poder Ejecutivo “tiene un compromiso” de acompañar sus recomendaciones y “tomar decisiones en ese sentido”.

“Creemos que el gobierno tenía intenciones de escuchar y no hay motivo para pensar que eso no va a pasar”, subrayó el integrante del grupo de trabajo.

A la conferencia que brindaron en la sede local de la ONU, en Junín 1940, en la ciudad de Buenos Aires, asistieron colaboradores de Sala y del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, interesados en los resultados de la misión.

Los enviados de la ONU también se entrevistaron con Morales la semana pasada, antes de revelar los datos preliminares de su informe.

La líder de la Tupac Amaru, quien se encuentra de detenida desde el 16 de enero de 2016 en el penal de Alto Comedero, enfrenta varias causas judiciales relacionadas con “defraudación a la administración pública” -por el manejo de fondos para la construcción de viviendas- y “daños” -por un escrache a Morales en 2009-, entre otros cargos.

El grupo de trabajo de la ONU calificó el año pasado de “arbitraria” la detención de la dirigente social jujeña y ese pronunciamiento se sumó a los pedidos del Comité Interamericano de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de Estados Americanos (OEA) a favor de la liberación hasta que quede en firme alguna sentencia en su contra.