La magistrada Delma Cabrera, del Juzgado Civil y Comercial 9 de San Isidro, dio lugar a la medida cautelar solicitada por la Fundación Pro-Tigre, que alega que la desarrolladora inmobiliaria EIDICO no efectuó los estudios de impacto ambiental y arqueológico en terrenos donde levanta los barrios privados San Benito y San Rafael, en las inmediaciones de Punta Querandi.
De esta forma, la Justicia le pone un freno a los trabajos de la constructora desarrolla en predios cercanos al sitio sagrado para los pueblos originarios, que el Movimiento en Defensa de la Pacha defiende para que no sea anexado a los countries aledaños.
El 7 de septiembre, la jueza decretó la suspensión de toda obra (rellenos, endicamientos, movimientos de suelo, canales, calles, lagunas, estaqueadas) «susceptible de degradar el ambiente, sus recursos y los sitios arqueológicos». La disposición todavía no fue notificada a la empresa.

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