Compartir en:

Como al momento de su nombramiento, la Comisión Provincial por la Memoria exige la inmediata separación del cargo del jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), Fernando Díaz, quien acaba de ser citado a prestar declaración indagatoria por el juez federal de Salta, Miguel Antonio Medina, en una causa por adminsitración fraudulenta y vejaciones, junto a otros 37 funcionarios del Servicio Penitenciario Federal (SPF). La investigación se centra en irregularidades millonarias en el servicio de catering del complejo penitenciario federal de Salta que habrían derivado en un “régimen de hambre” para los detenidos.

Cuando en diciembre de 2015 la gestión de María Eugenia Vidal designó a Díaz al frente del SPB, “la CPM manifestó rápidamente su preocupación: sus antecedentes en el mismo cargo cuando ocurrió la masacre de Magdalena, en 2005, no eran señal de que el periodo iniciado rompiera con el pasado sino, más bien, una marca de continuidad. Y su desempeño en el SPF durante los últimos años indicaba lo mismo”, explican desde el organismo de derechos humanos.

Díaz fue llamado a prestar declaración indagatoria en el Juzgado Federal 2 de Salta, junto a otros 37 funcionarios de jerarquía del SPF, entre los que se encuentra su actual jefe, Emiliano Blanco. La causa, impulsada desde la Procuraduría contra la Violencia Institucional y la Fiscalía Federal 2 de esa ciudad, “encontró motivo suficiente para sospechar que participaron en la comisión del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (art. 173 inc. 7 en función del art. 174 inc. 5° del C.P.), en concurso real con el delito de vejaciones (art. 144 bis inc. 2º del C.P.)”, detallan desde la entidad.

Según los fiscales, “la deficitaria situación alimentaria, crónica y extendida que se acreditó en el Complejo Penitenciario Federal NOA” tiene relación con un escenario “plagado de irregulares contrataciones millonarias, gestionadas por las autoridades penitenciarias”.

Los directores de la firma proveedora del catering, Servicios Integrales de Alimentación S.A., también serán indagados. Díaz está sospechado de participar de la maniobra delictiva por su rol de auditor general del SPF que, en ese momento, debía controlar a la firma. Sin embargo, se denuncia que a través de un sistema irregular de contrataciones pagó $42.799.317,87, con $1.957.725 de sobreprecio.

Pero esta causa no es la única. La Justicia federal investiga también operatorias similares en los complejos penitencirios de Ezeiza, Devoto y Marcos Paz. Además, desde su designación al frente del SPB, Díaz implementó un sistema de viandas similar al denunciado, por lo que la CPM también solicita “una auditoría externa sobre la nueva operatoria”.

“Frente a la gravedad de la denuncia y el inminente avance de la causa”, la CPM solicitó al ministro de Justicia, Gustavo Ferrari, que desplace a Díaz de su cargo. “Solo con decisiones políticas contundentes que penalicen y limiten la acción fraudulenta de los funcionarios responsables de administrar las instituciones de encierro en nuestro país se podrá a transformar este efectivo sistema de la crueldad que vulnera sistemáticamente los derechos humanos”, concluyen desde la organización presidida por Adolfo Pérez Esquivel.