novo1

La Suprema Corte de Justicia provincial licenció por 120 días al fiscal general de San Isidro, Julio Novo, y a sus adjuntos Rodrigo Fernando Caro y Eduardo Marcelo Vaiani, quienes son investigados por el presunto encubrimiento a una red de narcotráfico vinculada al asesinato de tres ciudadanos colombianos.

El máximo tribunal bonaerense informó, además, que se dispuso que la procuradora general, María del Carmen Falbo, suspenda en sus funciones a las secretarias de esa fiscalía, Melisa Fernanda Rey y Mariana Busse, «hasta el pronunciamiento definitivo en el proceso penal al cual se encuentran sometidas».

Los funcionarios judiciales son investigados en una causa que instruye la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado, a partir de una denuncia de otro fiscal del distrito, Luis Angelini, quien entendió que Novo y sus subordinados estaban obstaculizando sus investigaciones.

Este fiscal consideró que el encubrimiento fue cometido cuando él descubrió vinculaciones entre los asesinatos de tres colombianos y los hermanos Gustavo y Eduardo Juliá, hijos de un exjefe de la Fuerza Aérea Argentina, quienes están condenados y presos en España luego de que les encontraran una tonelada de cocaína en su avión.

En la resolución que otorga las licencias e implica una separación de los cargos, los jueces de la Suprema Corte Juan Carlos Hitters, Luis Genoud, Eduardo Pettigiani y Eduardo de Lázzari recordaron la existencia de este expediente, en el cual Novo y los otros imputados fueron citados a indagatoria entre fines de octubre y comienzos de este mes.

Además, el máximo tribunal provincial subrayó que en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios se abrió un sumario a los mismos a raíz de una denuncia del actual director de la Escuela Nacional de Inteligencia, Marcelo Saín.

La Corte señaló, además, que hay diversas investigaciones disciplinarias en las cuales varios fiscales de San Isidro denunciaron «notorias difuncionalidades e irregularidades» que existirían en la Fiscalía General.

Otros fiscales hicieron manifestaciones que «permiten vislumbrar la activa participación de integrantes de la Fiscalía General en hechos que podrían menoscabar el normal y adecuado funcionamiento del servicio de justicia».

«La gravedad de los hechos investigados, aunada a la tramitación de la causa penal por delitos de suma trascendencia institucional aludida, trasuntan la posibilidad de una importante afectación a la recta administración de justicia», remarcó la Corte.

Señaló también que más allá de la intervención del Jurado, como cabeza del Poder Judicial, la Suprema Corte cuenta con suficientes atribuciones para adoptar esta decisión «en resguardo de quienes acuden a los estrados judiciales en demanda de justicia» y para evitar la repetición de irregularidades.

Por eso, el máximo tribunal dispuso las licencias de Novo, Caro y Vaiani por 120 días y que Falbo suspenda preventivamente a sus secretarias hasta un pronunciamiento definitivo en la causa y adopte las medidas necesarias para el correcto funcionamiento de la Fiscalía General de San Isidro.

En la causa que tramita Arroyo Salgado e impulsa el fiscal Fernando Domínguez, Novo y sus colaboradores están acusados de «encubrimiento agravado, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y entorpecimiento de la labor funcional».

Según voceros judiciales, no hay antecedentes de una denuncia tan grave contra integrantes del Ministerio Público Fiscal.

La causa está vinculada con el crimen de los colombianos Jorge Alexander Quintero Gartner y Héctor Edilson Duque Ceballos, alias «Monoteto», asesinados a balazos el 24 de julio de 2008 en el estacionamiento del shopping Unicenter, de la localidad de Martínez.

En tanto, a Juan Sebastián Galvis Ramírez lo mataron el 23 de febrero de 2009, frente a una casa de venta de artículos de náutica, situada en la Avenida Del Libertador 1999, de San Fernando, donde había concurrido junto con familiares a comprar un bote semirrígido.

A medida que avanzaron esas investigaciones, se pudo establecer un entramado de relaciones muy complejo, que incluía, por ejemplo, comunicaciones entre los abogados de los sospechosos de los crímenes con las secretarias de la Fiscalía General, dijeron las fuentes.

Además, Busse está casada con el abogado Carlos Broitman, quien fue defensor de los Juliá y en la época en que fueron juzgados ella viajó a España como codefensora, ya que por entonces no trabajaba con Novo.

«Hubo un intento de evitar que se descubra la conexión de los Juliá con los crímenes de Unicenter y de que se desatare un ovillo que llevase a otros personajes», detalló una fuente.