A través de un proyecto presentado por la diputada provincial Roxana López, la Cámara Baja declaró «de interés legislativo» el proceso de restitución de restos óseos de pueblos originarios que fueron excavados de los sitios La Bellaca, Arroyo Sarandí y Arroyo Garín, situados en el partido de Tigre, para su reentierro en el distrito.

Se trata de «un nuevo respaldo institucional» que «cosecharon las comunidades indígenas de Tigre que desde hace casi una década demandan la restitución de los restos óseos», valoraron desde la Comunidad Punta Querandí.

La iniciativa aprobada en la última sesión del cuerpo legislativo surgió tras la reunión que López mantuvo en junio pasado en Punta Querandí con integrantes de esa y otras comunidades y autoridades del Consejo Provincial de Asuntos Indígenas (CPAI), quienes también se comprometieron a respaldar el proceso de devolución de los restos.

«Vamos a seguir trabajando para lograr este hecho de reparación histórica», manifestó tras la aprobación de su proyecto la diputada tigrense.

Además, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos remarcó que son «restos óseos desenterrados de cementerios indígenas» y que el Estado debe «garantizar el respeto de las culturas y creencias de los pueblos originarios».

En 2019, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, responsable de aplicar la Ley 25.517 de restitución de restos óseos, dictaminó a favor del reclamo de la comunidades locales. También se manifestaron a favor el intendente Julio Zamora y el Concejo Deliberante local.

La reciente declaración de la Cámara de Diputados remarca que la restitución de restos óseos es «una forma de empezar a saldar la histórica deuda existente con las comunidades indígenas».

Además, destaca que el objetivo final es «dar sepultura a los restos donde las comunidades aborígenes consideren adecuado de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente y sus creencias particulares».

Y advierte que «se han vulnerado» los «derechos, creencias y culturas» de las comunidades «a través de grandes obras que se han realizado sobre los mentados territorios, tanto desde el sector público como desde el sector privado».

En sus fundamentos, el proyecto aprobado menciona que los complejos de barrios privados Nordelta y Villa Nueva destruyeron dos sitios arqueológicos con enterratorios humanos: Arroyo Sarandí y Arroyo Garín.

También identifica las trabas para la devolución de los restos a sus lugares ancestrales registradas en los últimos años. «Existen obstáculos de larga data en los funcionarios a cargo de gestionar el patrimonio arqueológico a nivel provincial y en el grupo de arqueólogos que tiene en su poder una parte importante de los esqueletos», menciona la declaración.