La Cámara de Senadores aprobó y envió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que tiene por objeto establecer los presupuestos mínimos para la conservación, la protección, la restauración ecológica y el uso racional y sostenible de los humedales.

El proyecto en general, basado en el dictamen de mayoría que sufrió modificaciones ayer durante el debate en el recinto, contó con 53 votos a favor, cinco votos en contra y cinco abstenciones.

La iniciativa motivada, además de por su sentido ambiental, en la prevención de las inundaciones en el área metropolitana de Buenos Aires establece que la autoridad nacional de aplicación, junto con las autoridades provinciales competentes, lleven a cabo un registro de los humedales de todo el país en un plazo no mayor a tres años.

Uno de sus impulsores, el porteño Fernando Solanas, de Proyecto Sur, dijo que la iniciativa nacía de la «necesidad de una protección real de los humedales que ocupan un poco más del veinte por ciento del territorio nacional».

Por su parte, la rionegrina de ARI, Magdalena Odarda, consideró que el proyecto «es una buena noticia». Y en el mismo sentido se manifestó el bonaerense de GEN, Jaime Linares, quien postuló la «necesidad de preservar estos humedales».

En tanto, el cordobés de UNA, Carlos Caserio, defendió la propuesta pidiendo una «visión más amplia», para luego afirmar que «los que no quieren que salga esta ley no son los gauchos y los hacheros, sino los grandes terratenientes».

Por el contrario, el oficialista correntino Pedro Braillard Poccard cuestionó el proyecto argumentando que en su provincia «es política de estado la preservación de los humedales». Y rechazó una legislación «que se meta en las autonomías provinciales».

Desde el macrismo, a través de un dictamen de minoría presentado por el senador entrerriano Alfredo de Ángeli, impulsaron un proyecto en sintonía con los intereses de los desarrolladores inmobiliarios y los productores agropecuarios, según denunciaron académicos y ambientalistas.

«Claro que es fácil hacer una ley desde la Ciudad, pero hay que volver a las provincias, hay que ir a aplicar la ley en las provincias», sugirió De Angeli, quien finalmente se abstuvo en la votación en general al igual que otros cuatro legisladores.

En las últimas semanas, desde distintas agrupaciones ambientalistas y de vecinos inundados, que tuvieron una participación activa en los debates y las audiencias públicas vinculadas con la norma de protección de los humedales, se denunció la existencia de un fuerte lobby de los sectores inmobiliario y de agronegocios. Y tras la media sanción del Senado, estas organizaciones también plantearon dudas sobre el proyecto que finalmente fue aprobado, a horas de perder su estado parlamentario.

«Seguramente no sea la ley ideal (de hecho tuvo 26 modificaciones en el camino), pero es un gran avance al poner en agenda la problemática actual de una crisis ecológica producto de años y años de consumo desmedido», se postula, por ejemplo, en la página de Facebook Naturaleza de pie por los humedales.