El gobierno provincial intimó a más de un centenar de barrios cerrados a que regularicen su situación fiscal bajo apercibimiento de aplicar de oficio el nuevo valor de la tierra para calcular el impuesto inmobiliario, informó la agencia de recaudación ARBA.

En un informe al que tuvo acceso Télam, se detalló que ARBA cursó ya un total de 102 notificaciones a desarrollos inmobiliarios para que se avengan a cumplir con lo que establece la ley 15.038.

Ahora, las urbanizaciones tienen un plazo de 15 días para presentar sus descargos o se aplicará de oficio el nuevo valor de la tierra en función del grado de desarrollo.

Además, otros 67 de estos complejos privados serán intimados en los próximos días debido a que se está terminando de analizar cuál es el grado de desarrollo para calcular el valor de la tierra.

Por otra parte, otros 61 barrios cerrados fueron detectados satelitalmente y serán fiscalizados de manera presencial para evaluar el grado de desarrollo.

Según ARBA, en el territorio bonaerense hay emplazados un total de 871 barrios cerrados, de los cuales 568 están formalmente registrados y tributan como «countries».

En tanto, otros 73 no están formalmente habilitados, pero tributan como «tierra en desarrollo» y hay 230 -lo que representa un 25%- que no están registrados formalmente ni pagan impuestos como barrios cerrados, por lo que la mayoría tributan como «tierra rural sin mejoras» o como «tierra urbana».

Al respecto, el titular de ARBA, Cristian Girard, explicó que se estima que la Provincia deja de percibir «unos $1500 millones por esta situación».

El funcionario precisó que la irregularidad «no es un tema de los vecinos, de los que habitan en esos barrios, de las familias que compran esos terrenos, sino de los desarrolladores inmobiliarios».

«Lógicamente hacen su negocio y parte de su negocio es dilatar todo lo posible el cambio de tipificación de la tierra para pagar el impuesto como tierra rural en lugar de pagar como tierra de country, que es un impuesto más alto», detalló el funcionario.

Además, Girard explicó que esta situación lleva a que «los propietarios no puedan tener una escritura, que la partida no esté a su nombre porque no se subdivide y al no subdividir queda todo en cabeza de un único propietario que es el desarrollador, que después les cobra el impuesto prorrateado con las expensas».