A través de un comunicado, el Consejo Asesor Permanente Isleño (CAPI) y otras organizaciones sociales y políticas manifiestan su respaldo a las clausuras de 30 «obras clandestinas» concretadas por el Municipio en el denominado «frente de avance del Delta», en el Río San Antonio y el Arroyo Anguilas.

Las instituciones declaran «su apoyo» a las gestiones realizadas por la Comuna, a través de la Dirección General del Plan de Manejo del Delta y la Dirección de Inspección de Obras Particulares, «en lo relacionado con el negociado inmobiliario en el frente de avance del Delta», el sector ubicado «en la desembocadura al Río de la Plata», de «formación y crecimiento de las islas».

«Esta zona es reconocida por el Plan de Manejo Integral del Delta como zona de protección ambiental, parte del patrimonio natural y cultural de las islas y sus habitantes históricos», detallan y agregan que «sus servicios ecosistémicos», como la reserva de la biodiversidad, la regulación de las inundaciones y la purificación del agua, entre otros, «se ven amenazados por el avance inmobiliario ilegal de loteo y construcción de residencias particulares que destruyen esta zona frágil mediante la alteración del ecosistema».

En el escrito, detallan que «para detener esta privatización del bien común y revertir los daños ambientales ocasionados, la Dirección del Plan de Manejo está desarrollando un operativo de investigación, inspección y clausura». Y precisan que «hasta el momento, se realizaron 30 clausuras a obras clandestinas» en el Río San Antonio y el Arroyo Anguilas.

Según indicaron, los procedimientos se efectuaron a instancias de la Secretaría de Gobierno, la Dirección General de Plan de Manejo del Delta y la Dirección de Inspección de Obras Particulares, en conjunto con el Centro de Operaciones Tigre (COT) y la Policía de Islas.


En el cierre del comunicado, el CAPI y las organizaciones firmantes dejan en claro su apoyo a estas medidas que protegen «el humedal como bien común natural, así como las formas isleñas de hábitat y producción que coexisten con los ritmos del humedal» y denuncian «este negociado del sector inmobiliario que privatiza un área que es patrimonio natural y cultural isleño».

La nota está acompañada por las adhesiones de organizaciones de isleños, ambientalistas, sociales y políticas, entre otras.