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La Procuración General de la Suprema Corte de Justicia provincial designó a la fiscal Beatriz Molinelli para que ocupe el cargo del fiscal general del Departamento Judicial San Isidro, Julio Novo, quien fue separado a raíz de una causa en la que se lo investiga por el presunto encubrimiento de crímenes vinculados al narcotráfico.

Además, su colega John Broyad cumplirá la función de fiscal general adjunto durante los 120 días que durará la licencia obligatoria de Novo y sus dos adjuntos, Rodrigo Caro y Eduardo Vaiani, que fue ordenada por la Corte bonaerense.

La resolución fue firmada por la procuradora general María del Carmen Falbo y el secretario general del organismo del que dependen los fiscales y los defensores públicos bonaerenses, Carlos Enrique Pettoruti.

En la resolución que otorga las licencias e implica una separación de los cargos, los jueces de la Suprema Corte Juan Carlos Hitters, Luis Genoud, Eduardo Pettigiani y Eduardo de Lázzari recordaron el miércoles pasado la causa penal en la cual Novo y los otros imputados fueron citados a indagatoria entre fines de octubre y comienzos de este mes.

Además, el máximo tribunal provincial subrayó que en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios se abrió un sumario a los funcionarios a raíz de una denuncia del actual director de la Escuela Nacional de Inteligencia Marcelo Saín.

La Corte señaló, además, que hay diversas investigaciones disciplinarias en las cuales varios fiscales de San Isidro denunciaron «notorias difuncionalidades e irregularidades» que existirían en la Fiscalía General.

Otros fiscales hicieron manifestaciones que «permiten vislumbrar la activa participación de integrantes de la Fiscalía General en hechos que podrían menoscabar el normal y adecuado funcionamiento del servicio de justicia».

«La gravedad de los hechos investigados, aunada a la tramitación de la causa penal por delitos de suma trascendencia institucional aludida, trasuntan la posibilidad de una importante afectación a la recta administración de justicia», remarcó la Corte.

Señaló también que más allá de la intervención del Jurado, como cabeza del Poder Judicial, la Suprema Corte cuenta con suficientes atribuciones para adoptar esta decisión «en resguardo de quienes acuden a los estrados judiciales en demanda de justicia» y para evitar la repetición de irregularidades.

Por eso, la Corte dispuso las suspensiones de Novo, Caro y Vaiani por 120 días y que Falbo suspenda preventivamente a sus secretarias hasta un pronunciamiento definitivo en la causa y adopte las medidas necesarias para el correcto funcionamiento de la Fiscalía General de San Isidro.

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