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Desde el Movimiento en Defensa de la Pacha (MDP) denunciaron que la constructora EIDICO violó la medida dispuesta por el Juzgado Civil y Comercial 9 de San Isidro, que en septiembre de 2011 prohibió la realización de obras en varios predios cercanos a Punta Querandí que son de «gran valor espiritual para los pueblos originarios».

«La empresa desarrolladora de barrios privados demostró una vez más que tiene impunidad para actuar y destruir sin dar explicaciones», señalaron desde el MDP luego de que durante dos días, en un lote ubicado a 100 metros del sitio sagrado, una pala mecánica cavó una zanja y realizó un muro de contención.

«Ante la posibilidad de que intentaran trabajar en otros lotes clausurados o incluso volver a atacar Punta Querandí (como ya lo hicieron en marzo y abril de 2011), difundimos un alerta el miércoles por la noche. Muchos compañeros y hermanos se han acercado hasta el lugar. Agradecemos a todas las personas y organizaciones que se preocuparon por la situación en las últimas horas», agregaron.

Finalmente, la pala mecánica que por la noche se encontraba dentro del aledaño barrio privado San Benito fue retirada por la mañana y el resto de la jornada no hubo novedades en el territorio en conflicto, ubicado entre el Arroyo Garín, el Canal Villanueva y la calle Brasil, en el límite entre Tigre y Escobar.

«Pero no podemos confiarnos, hay que seguir atentos. Aún no se sabe cuándo llegará la draga a rellenar los lotes cercanos a Punta Querandí, lo que volvería a violar la medida dictada por la jueza Delma Cabrera», explicaron desde el movimento que desde más de dos años lucha por la preservación del sitio.

Integrantes del MDP se presentaron ayer en el Juzgado Civil y Comercial 9 de San Isidro para denunciar la violación de la medida cautelar, en el marco del juicio que la Fundación Pro Tigre y lleva contra EIDICO.

«Denunciamos que distintas empresas están violando la suspensión judicial que rige sobre varias parcelas rurales ubicadas en Punta Canal y Dique Luján, donde se desarrollan los countries San Rafael; Vila Marina 1 y 2; y Bahía Porto 1, 2 y 3; sobre más de 200 hectáreas», detallaron.

Por otra parte, los denunciantes le solicitaron a la jueza que sean notificados de la medida cautelar la Policía Bonaerense y el Municipio de Tigre, ya que ambos funcionarios de ambas instituciones argumentaron, cuando se acercaron a la zona del conflicto, que si no son informados formalmente no pueden evitar los trabajos.

«Mayor preocupación nos causa haber tomado conocimiento de que el Municipio -en octubre y noviembre de 2011- haya dado autorizaciones de obras en lotes que se encontraban con clausura judicial. Exigimos a las autoridades locales y provinciales que garanticen la efectiva suspensión de todos los trabajos de destrucción en las parcelas involucradas», enfatizan desde el MDP.

Cabe recordar que la medida cautelar fue otorgada en defensa de espacios de «altísimo valor cultural y espiritual para los pueblos originarios», así como de humedales de importancia ecológica. «Estos lugares están siendo destruidos por megaemprendimientos inmobiliarios como ya sucedió con los sitios sagrados Garín y Sarandí, ambos desaparecidos por barrios privados», concluyeron.

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