Pruebas aportadas a la Justicia por la desarrolladora EIDICO revelan que el gobierno local la favoreció con una «seudo aprobación municipal» para el barrio privado San Rafael, según dio a conocer el concejal Luis Cancelo.

Esta autorización se firmó en octubre de 2011, un mes después de que la jueza Delma Cabrera ordenara la paralización de ese proyecto inmobiliario, ubicado en parcelas rurales de Dique Luján, por falta de estudios de impactos ambiental y arqueológico.

La resolución judicial, dictada en septiembre de 2011, se fundamentó en el riesgo ambiental que podría producirse en la zona y en la posible destrucción de sitios de gran valor para los pueblos originarios, similares a los ya conocidos como Punta Querandí y Rancho Largo.

A pesar de esto, según consta en las pruebas que aportó EIDICO en su apelación a la medida cautelar ordenada por el Juzgado Civil y Comercial 9 de San Isidro, la Secretaria de Control Urbano y Ambiental municipal aprobó el 6 de octubre pasado el estudio de impacto ambiental del proyecto inmobiliario «Consorcio Barrio San Rafael», a través de la resolución 2284 (del expediente 4112-24621/10).

«Queda demostrado que no son ciertas las supuestas tensiones con la desarrolladora EIDICO, a las que hacían referencia autoridades municipales -entre otras cosas por el conflicto de Punta Querandí-, ya que ante una cuestión judicial iniciada por la Fundación Pro Tigre, una prestigiosa institución local, el Municipio sale al auxilio de la empresa», afirmó Cancelo.

Para el legislador del bloque Nuevo Tigre, «el Municipio sale a las apuradas a resolverle el problema a EIDICO sin respetar las normas, como por ejemplo que se deben realizar audiencias públicas. Aparte, la administración local se toma atribuciones que son de la Provincia».

Ante esta situación, Cancelo presentó el 23 de marzo último en el Concejo Deliberante un pedido de informes al Departamento Ejecutivo referido a la factibilidad que se le otorgó al proyecto inmobiliario en Dique Luján.

Sin embargo, el edil señaló que los documentos «facilitados» por el Municipio no alcanzaron a revertir el fallo judicial, ya que la Cámara de Apelación confirmó el pasado 27 de marzo la sentencia, en lo que significó otro traspié para EIDICO, debido a que las pruebas presentadas por la empresa son actos administrativos «ejecutados con posterioridad al dictado de la medida cautelar».

Por JIU