rastrillaje

Personal de la Municipalidad de San Fernando, por instrucción del juez federal Daniel Rafecas, comenzó con las tareas de remoción de tierra en un predio en Virreyes en busca de restos de desaparecidos durante la última dictadura cívico – militar.

Fuentes judiciales señalaron a Télam que «a partir del histórico hallazgo de tres tambores rellenos con cemento conteniendo los restos de un diplomático cubano, una empleada de esa embajada y otra víctima, el juez ordenó la ampliación de la búsqueda en pos de dar con más tambores que contengan restos de otras personas que permanecen desaparecidas».

Los informantes señalaron que el magistrado «contó con la inmediata disposición del intendente de San Fernando, Luis Andreotti, quien puso a disposición de la investigación judicial las maquinarias y el personal que, bajo la supervisión de los peritos judiciales, removerán un amplio sector del terreno».

Allí, agentes Policía Científica de Gendarmería Nacional y miembros del Equipo Argentino de Antropología Forense ya identificaron una serie de puntos críticos durante los sondeos exploratorios previos en el terreno ubicado frente a aeropuerto de San Fernando.

«Durante el junio último, en ese mismo terreno de la localidad de Virreyes, un grupo de niños encontró tres tambores de doscientos litros de capacidad rellenos con cemento, que contenían en su interior restos humanos», recordaron los voceros.

Al respecto, las fuentes puntualizaron que según «los estudios genéticos realizados» los restos «correspondían al diplomático cubano Crecencio Nicomedes Galañena Hernández; a María Rosa Clementi de Cancere -empleada de la Embajada de Cuba en nuestro país- y a Ricardo Manuel González, todos ellos secuestrados durante agosto de 1976».

«El descubrimiento de los restos del diplomático cubano, quien fue mantenido en cautiverio y torturado en el centro clandestino de detención Automotores Orletti, y la circunstancia de que la introducción de los cadáveres en tambores cementados fuera una práctica sistemática de los represores de ese centro clandestino para ocultarlos, lleva a concluir que las otras dos víctimas también habrían estado secuestradas allí», explicaron los voceros.

Las fuentes indicaron que «esta clase de tareas tendientes a determinar el destino final de las víctimas de Orletti se vienen realizando desde 2003», y entre ellas citaron «la realización de excavaciones en Florencio Varela y la realización de un barrido de rastrillaje del lecho del canal de San Fernando realizado por buzos tácticos de la Prefectura Naval».

Las medidas se ordenaron en el marco de la «megacausa» que tramita Rafecas por los delitos de lesa humanidad cometidos en el ámbito del Primer Cuerpo de Ejército durante la última dictadura y que fue reabierta tras la derogación y declaración de «nulidad insalvable» de las denominadas leyes de Obediencia Debida y Punto Final.